Explicación de qué son las participaciones preferentes y la deuda subordinada.

 En la introducción del libro definíamos estos productos como una FORMA DE FINANCIACIÓN de las empresas y con ello cambiamos de forma consciente el punto de vista, la forma en que usualmente se definen estos instrumentos, tanto por los autores especializados como por organismos como el Banco de España, que suelen definir estas figuras refiriéndolas a otras categorías afines (las acciones, su carácter de capital o deuda, etc.), con lo que queda un poco difuminada su auténtica naturaleza y razón de ser, y es que participaciones preferentes y deuda subordinada nacen como formas elaboradas de captación de fondos por parte de las grandes empresas, fundamentalmente las entidades de crédito. 

Las participaciones preferentes y la deuda subordinada son esencialmente fórmulas de ingeniería financiera para CAPTAR DINERO de inversores, y además para captarlo A LARGO PLAZO, tanto que, en el caso de las participaciones preferentes, lo hacen con carácter PERPETUO.

 

 

Características que definen las participaciones preferentes y la deuda subordinada.

 

Según su configuración legal, las participaciones preferentes tienen una naturaleza que vendría definida por cuatro características esenciales: valores negociables, híbridos, de carácter no participativo y complejo.

En cuanto a la deuda subordinada, en principio, diremos que tiene una naturaleza idéntica a la de las participaciones preferentes, participando de las mismas  cuatro características, si bien, en la práctica, presentan dos diferencias relevantes:

1.- Pueden tener vencimiento pero nada impide que sean de carácter perpetuo como son, por definición, las participaciones preferentes.

2.- Su remuneración puede ser obligatoria para la emisora, sin hacerla depender de la existencia de beneficios como sucede en el caso de las participaciones preferentes, pero este derecho también puede limitarse en el correspondiente folleto de emisión.

 

Valores negociables. 

Según la Ley de Mercado de Valores se considera un valor negociable cualquier derecho que permita ser comprado y vendido en un mercado financiero de forma generalizada e impersonal.1

En el caso de la deuda subordinada y las participaciones preferentes, se comercializan en un mercado secundario oficial denominado “AIAF” (por Asociación de Intermediarios de Activos Financieros). Se trata de un mercado mayorista, donde puede participar cualquier entidad de crédito, que está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sin embargo la realidad demuestra que una vez empezaron los problemas, este mercado carecía de capacidad para garantizar la liquidez a los clientes. De hecho la práctica generalizada de las entidades de crédito cuando un cliente quería recuperar su dinero era venderle los títulos a otros clientes de la misma entidad por el valor nominal, sin tener en cuenta su valor de mercado.

Esta práctica de “mercadillo” fue detectada y corregida por la Comisión Nacional de Valores a mediados de 20102, por apreciar la existencia de conflicto de interés en el hecho de que la entidad comercializadora (y muchas veces emisora), asignaba un valor a las participaciones que no se correspondía con su valor real o razonable, perjudicando así al adquirente.

Todo ello era posible debido al carácter poco transparente para los clientes del mercado secundario AIAF, ya que el mismo no hace públicas las cotizaciones de los valores, como sucede en la bolsa.

De esta forma, el problema de liquidez de estos productos pudo ser disimulado por las entidades hasta mediados de 2010, colocando las participaciones de los clientes vendedores a otros clientes de la entidad o bien adquiriéndolas a través de empresas del grupo, que a su vez, las comercializaban a otros clientes.

 

Por esta razón, la noticia del peligro potencial que entrañaban estos valores solamente adquiere relevancia pública como verdadero problema social a partir de la segunda mitad de 2010, sin que anteriormente apenas se hubiera prestado atención a ello, debido a la práctica de las entidades de “recolocar” los títulos que los clientes más informados les devolvían.

 

Híbridos. 

Porque participan tanto de las características de deuda como de capital. Quizás la mejor manera de entender qué significa esta característica sea enumerando algunas de las consecuencias prácticas que se derivan de ello:

- Como se consideran recursos propios, tanto la deuda subordinada como las participaciones preferentes, son susceptibles de absorber pérdidas en caso de mala marcha de los negocios por parte del emisor. Dado que no se consideran depósitos, las posibles pérdidas no están cubiertas por la garantía de 100.000 € por cliente del Fondo de Garantía de Depósitos.

- En el caso de las participaciones preferentes (en la deuda subordinada según condiciones de emisión), solamente se tiene derecho a remuneración si la entidad de crédito dominante o el grupo consolidable tiene beneficios distribuibles. Puede entonces pasar que a un cliente le hayan colocado el producto con el argumento de su mayor rentabilidad y al final ni cobre intereses ni recupere su capital.

- Para la sociedad emisora, el importe de las emisiones en deuda subordinada y participaciones preferentes computa como recursos propios y por tanto significa un fortalecimiento de su solvencia, lo que es especialmente importante en el caso de las entidades de crédito pues la normativa que les es propia les exige un determinado porcentaje de recursos propios para poder asumir más negocios.

- En su consideración como “deuda”, el pago de los intereses a los inversores se descuenta como gasto y no tiene el mismo tratamiento fiscal que los beneficios de la sociedad. Sin embargo, por su consideración como recursos propios, no constan como deuda el balance de la sociedad. 

- Pese a su similitud con las acciones3 

, no otorgan derechos políticos a sus titulares, por lo que el control de la sociedad no se ve comprometido por la existencia de emisiones de deuda subordinada y participaciones preferentes, como sucedería en cambio en caso de una ampliación de capital por vía de emisión de acciones.

No obstante, los peores rasgos de estos productos pasan desapercibidos para el gran público y aún para los expertos en el tema4, hasta que la crisis económica y financiera ha puesto en evidencia lo que hasta entonces solamente era un peligro potencial, y es que como productos híbridos, son por definición susceptibles de absorber las pérdidas del emisor, con riesgo de pérdida total o parcial de la inversión, sin que nadie se imaginara, en los años previos a la crisis, que el sector bancario en bloque pudiera ser afectado por una crisis de solvencia como la actual.

A partir del 10 de octubre de 2008 se elevó a 100.000 € el límite de cobertura por depositante del Fondo de Garantía de Depósitos5. El motivo de este cambio legal fue aumentar la confianza de los clientes en sus entidades bancarias, en un momento inicial de la crisis económica, en que por parte del gobierno se insistía en llamarla una “desaceleración” u otros eufemismos.. La amplia difusión mediática de esta reforma dio lugar a que muchas personas se sintieran seguras con sus inversiones en preferentes y subordinadas, pues tenían la errónea creencia de estar cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, cuando en realidad sus productos no eran depósitos, sino algo totalmente diferente (¿valores negociales híbridos?...¿Quién lo sabía entonces?), desconocido para cualquiera que no fuera un especialista.

 

La anterior circunstancia, unida al “mercadillo” organizado por las entidades entre sus propios clientes o sociedades del grupo, mantuvo el problema escondido “bajo la alfombra” durante algún tiempo más, mientras las entidades seguían comercializando masivamente estos productos entre sus clientes. Sin embargo, ante la ausencia de beneficios, la participaciones preferentes dejaron de producir réditos, haciendo saltar las alarmas y las solicitudes de venta. La comunicación de junio de 2010 de la CNMV advirtiendo a las entidades que el “mercadillo” era una mala práctica, puso la puntilla a un problema que, de repente, no pudo ocultarse más ante la opinión pública, y que extendía las consecuencias de la crisis económica a muchas personas que realmente nada tenían que ver ni con la burbuja inmobiliaria ni con ninguna de las causas que originaron la crisis, sino todo lo contrario, afectaba  precisamente a quienes, al ahorrar su dinero, demostraban no haberse dejado llevar por los cantos de sirena del consumismo y el vivir por encima de sus posibilidades, ni dedicarse a la especulación inmobiliaria, es decir, sorprendentemente, al sector más conservador de clientes bancarios, por lo que no resulta nada extraña ni la sorpresa de los propios afectados ni su incredulidad inicial ante el hecho de que el banco o caja a quien había confiado sus ahorros de toda la vida pudiera negarse a devolvérselos.

 

De carácter no participativo: 

Pese a que las participaciones preferentes y la deuda subordinada se  contabilizan como recursos propios de capital de la entidad, y a que las participaciones preferentes son muy similares a las acciones, una característica de estos productos es que, por norma, no confieren derechos políticos a sus titulares en la sociedad emisora, lo que implica no solamente los derechos de voto, sino también los de información, asistencia y voz en la junta general de accionistas e impugnación de acuerdos sociales, por lo que los inversores no tendrán ningún control sobre las decisiones que se tomen sobre el destino de sus inversiones. 

De esta forma, el emisor de estos productos fortalece su posición financiera sin comprometer el control de la sociedad mediante un “aumento de capital” por medio de la emisión de acciones. Es sin duda otra de las características “especiales” de estos productos que los convierten en ideales para las empresas emisoras a costa de los derechos de los clientes.

A diferencia de las participaciones preferentes, en principio nada impediría que en las emisiones de deuda subordinada incluyeran derechos políticos o de suscripción preferente respecto de futuras emisiones, pero en la práctica es harto infrecuente, lo que no resulta extraño, puesto que se deja a discrección del emisor, el cual no tiene ningún aliciente para incluir este tipo de derechos en favor de sus clientes.

 

De carácter complejo.6

 

El carácter complejo de estos productos es de esencial importancia en la defensa del inversor afectado por el mismo, a los efectos de plantear una acción judicial de nulidad por error en el consentimiento o engaño. También tiene importancia en el caso de una acción judicial por incumplimiento contractual por parte de la entidad, ya que la complejidad del producto puede ser una circunstancia determinante para apreciar que ha existido incumplimiento de obligaciones de información por parte de la misma.

En primer lugar podríamos decir que se trata de productos complejos porque no están incluídos en el catálogo de valores no complejos contenida en la Ley de Mercado de Valores.7

Tampoco cumplen con las otras características que según la Ley de mercado de Valores permitirían incluirlos en el catálogo de instrumentos no complejos8: 

A.- En cuanto a la posibilidad de recuperar el dinero invertido mediante su venta, porque CARECEN VERDADERA LIQUIDEZ. El mercado oficial AIAF donde se negocian no puede asimilarse con el funcionamiento de la Bolsa de Valores, característica acentuada en el caso de las participaciones preferentes, pues su único incentivo de venta en el mercado secundario consiste en el pago regular de sus intereses o sistema de rentabilidad, y por definición dejan de producir intereses en caso de malos resultados de la entidad de crédito emisora.9

B.- En cuanto a su RIESGO, porque pueden acarrear una pérdida total o parcial de la inversión. Como hemos apuntado anteriormente, estas inversiones no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero muchos clientes no eran conscientes del cambio sustancial operado en sus depósitos bancarios al cambiarlos por estos productos.

 

C.- En tercer lugar, en cuanto a la INFORMACIÓN DISPONIBLE, porque hasta hace muy poco se trataba de productos que no permitían que un inversor medio dispusiera de información suficiente que le permitiera realizar un juicio fundado sobre si le convenía contratar, ya que el mercado secundario AIAF, donde cotizan, es un mercado mayorista, que hasta abril de 2010 no fue dotado de un sistema de contratación electrónica que permitiera a los clientes minoristas realizar un seguimiento de las cotizaciones de los diferentes valores, y aún así el volumen de participaciones preferentes negociado ha sido mínimo.10

Como argumento final diremos que la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, expresamente las incluye como productos complejos en su exposición de motivos11. 

 

 

 

 

 

 

 
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